Los bebés robados en la Región buscan apoyos

La Asociación de Bebés Robados de Murcia se presentó esta semana dando detalles sobre la trama de tráfico ilegal de recién nacidos a nivel nacional y regional. En Murcia hay 40 casos de bebés robados al nacer declarados hasta ahora, de los cuales ocho están en la Fiscalía y entre tres y cuatro más serán presentados en los próximos días.

Inés Madrigal, presidenta de la Asociación, es uno de los bebés robados. Fue regalada en Madrid a su madre adoptiva por el doctor Vela, punta del iceberg de una red de corrupción que todavía se sigue desenmascarando. Madrigal y tantas otras personas que acudieron a la rueda de prensa en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia son la prueba viva de que, entre las décadas de los años 50 y 80, hubo en España una red de tráfico de bebés que obtenía beneficios económicos por su venta.

Los cometidos de la Asociación de Niños Robados de Murcia son, según relató su presidenta: “Dar atención personalizada a los afectados que hoy en día se sienten solos ante su búsqueda. Buscar la verdad esclareciendo los hechos que llevaron a las irregularidades que existen.” Irregularidades como actas de nacimiento que reflejan un parentesco biológico demostrado falso tras realizar pruebas de ADN o bebés declarados fallecidos en el parto cuyos ataúdes resultaron vacíos al ser exhumados.

Madrigal recalcó la importancia de “concienciar a todos los murcianos sobre la gravedad del asunto, ya que esto le pudo pasar a cualquiera”. Para terminar, exigió el “apoyo y la solidaridad del Gobierno regional, sea de la ideología que sea, en la búsqueda de la verdad”, ya que, en la mayoría de los casos en la Región y en el resto del país, los implicados han encontrado demasiadas puertas cerradas y miradas a otro sitio negando las evidencias.

En varias ciudades de España ya se dan nombres propios de personas implicadas en la red de venta ilegal de bebés, desde personal médico hasta sacerdotes y monjas de la Iglesia (muchos centros de acogida de madres solteras y partos implicados en la red eran de dicha institución). Sin embargo, Inés Madrigal no quiso dar nombres a pesar de que mencionó que ya se han encontrado muchas coincidencias entre médicos y centros hospitalarios de la Región que pudieron estar implicados.

Junto a Inés Madrigal se presentó Jaume Buj, gerente de Neodiagnostica SL, Laboratorio de Genética y Toxicología Forense, encargado esa misma tarde de hacer las pruebas de ADN a las personas que se presentaran previo pago de 80 euros. A día de hoy, se ha cifrado en 800 los perfiles que se encuentran almacenados en la base de datos de personas procedentes tanto de este país como de Francia, Venezuela, Argentina e incluso Alemania.

También acudió el abogado Enrique Vila, con más de 20 años de trabajo enfocado en conectar personas adoptadas con sus padres naturales.

La voz de los cimientos rotos

El abogado valenciano Enrique Vila estuvo presente en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia para hacer temblar muchas de las premisas sobre las que se soporta la confianza de los ciudadanos en sus instituciones más importantes: Estado e Iglesia. Vila supo que era adoptado desde joven y siempre quiso encontrar a su madre natural. A raíz de su búsqueda comenzó a asistir a otras personas con su misma situación y creó, hace ya 20 años, SOS Raíces, un despacho de ayuda profesional para personas que buscan encontrar su procedencia.

A sus manos llegaron muchos casos, entre los cuales había varios que levantaban sospechas importantes. Llegaron hijos de madres que no eran sus madres biológicas pero cuyas actas de nacimiento reflejaban que sí lo eran, es decir, que habían sido adoptados de forma irregular, lo que implicaba el falseamiento de actas y, por consiguiente, la corrupción administrativa.

El abogado, cuyo propio caso se correspondía con esas sospechas, abrió la caja de Pandora visitando aquellos hospitales y centros religiosos donde las madres robadas habían parido a lo largo de varias décadas. Pronto comenzó a encontrar coincidencias entre lugares, personal médico, auxiliares, religiosos y otros intermediarios. Después pasó a demostrar, con pruebas de ADN concluyentes sobre el parentesco de madres e hijos supuestamente biológicos, que los casos podían ser llevados ante un tribunal. Se encontraron algunas pruebas de que los bebés robados eran vendidos y se abrieron ataúdes vacíos de niños supuestamente muertos en el parto.

Enrique Vila narra su experiencia en esta entrevista con Matías Prats, en varios libros que ha publicado y en otros enlaces a los que se puede acceder a través de la página de SOS Raíces. Podemos invertir horas indagando los casos y percatándonos de la gravedad de una historia que comenzó en el franquismo en forma de represión política y poco a poco se fue convirtiendo en una cuestión lucrativa, traspasando la barrera de la Constitución de 1978 y la democracia española hasta pasados los años 80.

Actualmente, Vila tiene la intención y la esperanza de que el caso se trate como "crimen organizado", apunta que se entendería como "un delito contra la humanidad", apelando así al Tribunal Penal Internacional y de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que "es uno de los escándalos más grandes de la Europa occidental del siglo XX", declara. O, como poco, que el caso lo acoja la Audiencia Nacional y lo abarque de manera general en toda España.

Vila declara que hay jueces archivando casos por falta de pruebas cuando no hay evidencia más irrefutable que un análisis de ADN que demuestra la falsedad de un acta de nacimiento oficial. Situaciones, comenta, “vergonzosas, que no se pueden permitir” y que inducen a pensar que "hay una clara intención y una directriz no escrita para que los asuntos se archiven como sea". Esa reticencia judicial, a la que se suma la falta de facilidades de la administración pública para esclarecer los hechos y la circunstancia de que los centros religiosos que acogieron muchos de los partos que están bajo sospecha no permiten el acceso a sus archivos, están complicando aun más las cosas.

Es duro asimilar que desde sectores particulares del Estado y la Iglesia se hayan cometido delitos de este tamaño hasta tiempos tan recientes, pues pone en serias dudas morales a dos instituciones tan básicas en la concepción y construcción de España. Pero resulta inconcebible pensar que, habiendo víctimas vivas, se estén entorpeciendo procesos de investigación y justicia.

Tenemos la oportunidad en Murcia de comenzar con buen pie la búsqueda de la verdad, aunque salten chispas que quemen reputaciones. Como dijo la presidenta de la Asociación de Bebés Robados de Murcia, Inés Madrigal, “el Gobierno de Murcia, sea de la ideología que sea, debe mostrar apoyo y solidaridad en nuestras búsquedas” para que los cimientos de nuestro tejido social no terminen por desplomarse.

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